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Los delitos contra la mujer siguen incrementándose en territorio merideño,
entidad que suma 30 hechos de este tipo en los primeros 5 meses de 2024, tres
de los cuales son femicidios, según la más reciente actualización del OVV
Mérida. Las agresiones físicas representan la mayoría de los delitos de género.
Desde la Red Mérida Feminista alertan que el Estado está fallando al limitar el
acceso a la justicia y al no dar respuesta a un evidente retardo procesal en
torno a la violencia contra las mujeres.
Prensa OVV Mérida
En marzo de este año, cinco
niños se quedaron sin su mamá. Eso ocurrió en la ciudad de Mérida. En esta urbe
andina, un hombre de 43 años, el padre de los hoy huérfanos de madre, tomó un
cuchillo y arremetió contra su pareja de 38 años, quitándole la vida. Para la
fría descripción policial, aquello fue un caso más de femicidio, uno de los
tres escenificados de enero a mayo en suelo del estado Mérida.
Por ahora, este 2024
acumula, en sus primeros cinco meses, 30 casos de distintas formas de violencia
contra mujeres merideñas, según la más reciente cuantificación realizada por el
equipo de investigadores del Observatorio Venezolano de Violencia en Mérida
(OVV Mérida). Es una cifra que sólo recoge aquellos casos que trascienden a la
sociedad mediante las notas que publican los medios de comunicación. Esa
treintena de casos de acciones violentas, pese a disparar la preocupación de
muchos sectores de esta entidad, aún no logran traducirse en medidas de control
y prevención que incidan en la disminución de estas agresiones.
La
muerte acecha
El femicidio es un grave
delito que se consuma en contra de una mujer. Es, de hecho, la máxima expresión
de violencia contra el género femenino por razones de misoginia, es decir
aquella actitud hacia las mujeres que incluye denigración, rechazo, discriminación
y violencia.
Para dejar más claro a qué
se refiere el delito de femicidio, la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), lo define como la muerte
violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la
familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, o en una
comunidad; y que sea cometida de parte de cualquier persona, o que sea
perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión. Para
subrayar su impacto social, la ONU sentencia que “el feminicidio es una
tragedia global de proporciones pandémicas”.
En el marco legal venezolano
también se expone una definición bastante precisa del femicidio. En la Ley
Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se
cataloga como una forma extrema de violencia de género, causada por odio o
desprecio a su condición de mujer, que degenera en su muerte, producida tanto
en el ámbito público como privado.
Fue lo que ocurrió en el
estado Mérida en tres ocasiones entre
enero y mayo de 2024, donde el
OVV documentó 3 femicidios, pero también se anotaron en las estadísticas 2
intentos de cometerlo. En este sentido, se debe reconocer que para algunas
mujeres la muerte acecha, sólo por pertenecer al género femenino.
A aquellos tres casos
confirmados de muertes violentas de mujeres, y a los dos casos de intento,
quizás se le podría adicionar otro hecho donde, se conjetura, podría tratarse
de un femicidio. El OVV Mérida también logró documentar un suceso ocurrido el
pasado mes de febrero, en el municipio Alberto Adriani, desde donde se reportó
que un hombre asesinó a una mujer, al parecer por una venganza por droga. Sin
embargo, las circunstancias que envuelven al hecho, aportadas por los medios, aún
no permiten catalogarlo como un femicidio, por lo que por ahora sólo se presume
su cometimiento.
Agresiones
físicas: lo más recurrente
A los delitos de femicidio
ya indicados, también se le suman otros con diferentes manifestaciones de violencia
contra las merideñas.
El OVV Mérida, en su
minuciosa revisión de medios, detectó 25 casos de agresiones contra mujeres,
adicionales a los 3 femicidios y a los 2 intentos. De esos 25, la mayoría (15
casos) se corresponden con agresiones físicas. También ocurrieron 4 violaciones
sexuales, 4 actos lascivos, un acoso sexual y un caso de amenaza de muerte.
Con relación a otros
aspectos, se tiene que los tres escenarios territoriales donde aconteció la
mayor parte de estos delitos perpetrados contra mujeres fueron los municipios
urbanos: Libertador (con 8), Campo Elías (7) y Tovar (4).
Desde el punto de vista de
la edad de las involucradas, sólo en 20 casos se conoció esta variable,
resaltando 10 mujeres adultas (30-64 años), 7 mujeres adolescentes (12-17
años), 2 niñas (menores de 12 años) y una mujer adulta-joven (25-29 años). Por
su parte, permanece la tendencia de años pasados donde los victimarios son
personas adultas de más de 30 años (le siguen en importancia los jóvenes de 18
a 24), de sexo masculino, siendo principalmente parejas o exparejas, padres o
padrastros de las víctimas.
Tres
escenarios
La politólogo Karol Moreno
es la directora de la Organización No Gubernamental (ONG) Red Mérida Feminista,
una institución que desde 2018 ha venido trabajando en generar acciones por la
prevención y erradicación de la violencia basada en género en el estado Mérida.
Moreno, al ser consultada
por el OVV Mérida, en torno al hecho de que las cifras de enero a mayo de 2024
parecen confirmar un incremento en los casos de violencia basada en género,
considera que de fondo se aprecia una inacción del propio Estado, situación que
se vincula con tres escenarios.
“Vemos, analizando los casos
a los que hacemos seguimiento, que un primer escenario es la falta de programas
de prevención de violencia basada en género y de reconstrucción de estos
estereotipos de géneros que son muy comunes en la cultura merideña”, afirmó la
activista. Considera que, además, en contra de lograr la erradicación de la
cultura del machismo juega el hecho de que “Mérida sea una ciudad muy
religiosa, muy católica, lo que equivale a ser una cultura arraigada a las
normas tradicionales, por lo que tiende a ser muy machista”.
Recordó la directora de la
Red Mérida Feminista que en la actual Ley de Igualdad de Oportunidad para las
Mujeres y en la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre
de violencia, se establece la obligatoriedad del Estado para generar acciones
para deconstruir estos estereotipos de género y para prevenir la violencia
basada en género. “Lamentablemente eso en Mérida no está ocurriendo, al menos
no desde una política pública planificada, articulada entre los distintos niveles
del Estado”, expresó Moreno.
Si bien la promotora de los
derechos de las mujeres aplaude algunas acciones adelantadas desde el Instituto
Merideño de la Mujer y la Familia (IMMFA), considera que “es absolutamente
necesario que se desarrolle una campaña comunicacional y que se dicten talleres
sobre todo en el sector de la salud”.
El segundo escenario
descrito por Moreno es “la gran deficiencia en el área de acceso a la justicia,
sobre todo, en cómo las victimas pueden acceder al sistema de justicia”.
En este sentido, estima la
destacada activista, que “hay un gran desconocimiento acerca de cómo es el
proceso de denuncia, a dónde se debe acudir, cuáles son los derechos que pueden
ejercer, y esto conlleva al miedo de las víctimas, de que, aun poniendo la
denuncia, no pase nada”.
Karol Moreno recordó a las
mujeres que indistintamente del organismo al que lleven una denuncia: “el
Estado está en la obligación de recibir dicha denuncia, sin importar cuál es el
ente receptor”.
Otro aspecto que limita el
acceso a la justicia son los costos, sobre todo de aquellas mujeres que sufren
agresiones en municipios muy alejados de la capital del estado Mérida. Para
hacer una gestión de denuncia se suman costos de pasajes, problemas con la
gasolina y otros gastos que muchas mujeres no pueden cubrir.
Finalmente, un tercer
escenario que pudiera estar incidiendo en el incremento de casos de violencia
contra las mujeres merideñas, es el referido al “gran retardo del proceso
judicial” ya que se suspenden las audiencias, y es que luego de que el Servicio
Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) efectúa los exámenes de
rigor, “tarda muchísimo en enviar esa información hasta los tribunales”, expuso
la directora de la Red Mérida Feminista.
Incluso, comentó Karol
Moreno, “la Fiscalía también tarda en remitir los casos hasta los tribunales”,
generando una situación compleja que afecta no sólo en lo físico, sino que, por
igual, genera “un desgastes emocional y psicológico muy grande de las
víctimas”.
La radiografía que surge de
los registros del OVV Mérida sobre la violencia contra la mujer – a partir de
los delitos cometidos desde el 2020 en esta entidad andina – indica que en los
medios se reseñan al mes por lo menos 5 casos de este tipo de hechos, en sus
diferentes manifestaciones.
Lo preocupante, según se
infiere de las cifras, es que en el mes de marzo se registraron 9 casos y, más adelante,
en mayo, se presentaron 11 hechos, una cifra que supera con creces la media de
delitos vinculados a la violencia contra la mujer. “Además, se aprecia también en este 2024 una
tendencia clara al aumento en el número de sucesos reportados con respecto a
años anteriores, por lo que se requiere de un mayor nivel de atención por parte
de las autoridades competentes para afrontar con contundencia este creciente
flagelo”, recomendaron los investigadores del OVV Mérida. / AS / CNP: 8965 /
Prensa OVV Mérida
