La noche del 12 de septiembre de 2018, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) detuvieron arbitrariamente a los bomberos Carlos Varón y Ricardo Prieto, acusados de grabar un video donde un burro, al que jocosamente alguien le habla como si fuera a Nicolás Maduro, pasea por la deteriorada estación de bomberos de Apartaderos, municipio Rangel del estado Mérida.
Cuatro días después de su detención, Varón y Prieto fueron acusados por el fiscal del Ministerio Público Silvio Villegas, quien les imputó el delito de “promoción e instigación al odio agravado”, establecido en los artículos 20 y 21 de la Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia. Este delito contempla una pena de 20 años de prisión.
Ambos bomberos permanecieron 48 días privados de libertad, 44 de ellos en el Centro de Coordinación Policial de Bailadores, municipio Rivas Dávila, ubicado a más de 150 kilómetros de su lugar de residencia. Durante todo este tiempo sus familiares, de escasos recursos económicos, tuvieron dificultades para poder visitarlos.
Con medidas cautelares, juicio paralizado y sin trabajo
El 31 de octubre de 2018, Varón y Prieto fueron trasladados nuevamente al Circuito Judicial Penal del estado Mérida, donde se realizó una nueva audiencia de imputación. Esta vez, la Fiscalía 5ta. del Ministerio Público cambió la acusación. Ya no se les imputaba el delito de promoción e instigación al odio agravado, sino los delitos de “vilipendio al Presidente de la República” e “instigación pública con agravantes”, contemplados en los artículos 147 y 285 del Código Penal venezolano.
Desde ese día ambos bomberos están en libertad condicional, a la espera de que se inicie su juicio. Mientras tanto deben cumplir un régimen de presentación ante el tribunal cada 30 días y tienen prohibido salir del estado Mérida, dar declaraciones públicas sobre su caso y utilizar redes sociales.
Además de violar el derecho humano y constitucional a la libertad de expresión y de las múltiples irregularidades cometidas por el Estado venezolano en este caso, Carlos Varón y Ricardo Prieto fueron destituidos de sus cargos el 27 de junio de 2019, pese a tener 15 y 10 años de servicio, respectivamente.
En los expedientes administrativos conducentes a sus destituciones se indicaba que podrían estar incursos en “falta de probidad, vías de hecho, injuria, insubordinación, conducta inmoral en el trabajo o acto lesivo al buen nombre o a los intereses del órgano o ente de la Administración Pública, tipificadas como tales en el estatuto de la función pública, (por aplicación supletoria), artículo 86, numeral 6”.
Persecución y castigo al humor y la ficción en Venezuela
La detención y posterior imputación de los bomberos Varón y Prieto constituyó uno de los primeros casos de aplicación de la Ley contra el odio, de la que han sido víctimas defensores de derechos humanos, trabajadores públicos, periodistas, políticos y ciudadanos comunes, por el solo hecho de expresar críticas contra el régimen inconstitucional de Nicolás Maduro. En el caso de estos funcionarios, hay que destacar que el video jocoso por el que se les acusa era a su vez una denuncia del pésimo estado en el que se encontraba su lugar de trabajo, sin equipos, herramientas ni uniformes necesarios para poder cumplir su labor de manera segura.
Recientemente, el régimen también arremetió contra la directora y los actores de una obra de teatro que narraba una historia de ficción. Se trató de la pieza titulada Nené, presentada durante mayo de este año en el Teatro César Rengifo de Mérida. Si bien en este caso no hubo detenciones ni imputaciones, funcionarios del Ministerio Público intimidaron a la directora de la obra, logrando la autocensura de la misma.
El caso de los bomberos Carlos Varón y Ricardo Prieto fue incluido en el informe anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 2018. La CIDH determinó entonces que en este caso se criminalizó la libertad de expresión con responsabilidades ulteriores.
La ONG Espacio Público contabilizó, hasta junio de este año, 83 personas acusadas por el régimen venezolano de cometer delitos establecidos en la Ley contra el odio, una legislación aprobada de manera fraudulenta por la extinta Asamblea Nacional Constituyente en noviembre de 2017, como respuesta intimidatoria a las protestas sociales ocurridas ese año.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) exige que se haga justicia en este caso y que los bomberos Carlos Varón y Ricardo Pietro sean restituidos en sus cargos y reparados debidamente. El Estado venezolano debe garantizar la libertad de expresión y, para ello, derogar la inconstitucional Ley contra el odio, un instrumento de censura, autocensura, intimidaciones y violaciones de distintos derechos humanos. NP ODH ULA
