Sin una explicación de peso la juez provisoria, Lucy Terán, suspendió nuevamente la audiencia de juicio final de Walter Mayorga y Marller González, dos jóvenes que fueron incriminados por el homicidio de un Guardia Nacional ocurrido durante las manifestaciones sociales del 2014, con lo cual se alarga la detención arbitraria de estos, ya que no existe ningún elemento de convicción que los inculpe.
Estos jóvenes fueron privados de libertad en el 2016, y en el proceso penal no les encontraron elementos de convicción que los incriminara en el homicidio del efectivo castrense.
Durante los 2 últimos meses el tribunal a cargo (el 5to de control) ha venido convocando regularmente con el fin de ofrecer su dictamen final con respecto a este caso, pero por alguna u otra razón luego terminan suspendiendo el acto conclusivo, lo cual no puede sino calificarse como táctica dilatoria.
“La juez Lucy Terán no ha podido ofrecer un veredicto y la fiscal del Ministerio Publico, Lupe Fernández, tampoco exige una conclusión”, dijo el abogado Iván Toro, coordinador del Departamento Legal del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes (ODH-ULA).
Por su parte la profesora Mayda Hocevar, directora del ODH-ULA, señaló que pareciera existir una confabulación entre la jueza y la fiscal para postergar de manera indefinida la conclusión final.
Por su parte el hermano de Marller González, Franklin Rondón, dijo que todas las semanas, a las 3 de la mañana, salen caminando desde El Paramito hasta el sector Las Cruces del municipio Campo Elías, con el fin de tomar un autobús hasta Mérida, con la esperanza de ver a su hermano en libertad y abrazarlo.
Entretanto Jennifer Vielma, esposa de Walter Mayorga, sin poder contener sus lágrimas, dijo que cada semana acude a la audiencia con la esperanza de ver a su esposo en libertad y que este pueda abrazar a su hijo de 5 años, a quien aún no ha podido conocer dada su privativa de libertad injustificada, postergada durante casi dos meses. MP.9795
Fotoleyenda.1 Familiares de Walter Mayorga y Marller González acuden cada semana al Circuito Judicial de Mérida con la esperanza de verlos salir en libertad, sin embargo, esta esperanza luego se convierte en frustración y llanto, dada la perenne táctica dilatoria que ha sufrido el acto conclusivo de este caso.