(Mérida,
13/09/2020).- Erickvaldo Márquez, estudiante de Educación Física de la
Universidad de Los Andes (ULA), fue detenido en su casa el miércoles 13 de
septiembre de 2017 por un hecho ocurrido cinco meses antes, el 24 de abril, en
el marco de las protestas sociales que tuvieron lugar en Mérida y otros estados
de Venezuela. A Márquez se le acusa por la muerte de Jesús Leonardo Sulbarán,
funcionario de la Gobernación del estado Mérida, quien falleció ese día durante
el “plantón nacional” convocado por la oposición al régimen de facto que lidera
Nicolás Maduro.
El
estudiante ulandino cumple hoy tres años privado de libertad y se encuentra
recluido en el retén ubicado en el sector Glorias Patrias de la ciudad de
Mérida, junto a presos comunes y en condiciones inhumanas, como lo ha
constatado el equipo jurídico del Observatorio de Derechos Humanos de la
Universidad de Los Andes (ODH-ULA), cuyos abogados llevan la defensa del
acusado.
Falta de pruebas y
diferimientos injustificados
El
15 de septiembre de 2017 Erickvaldo fue presentado ante el Tribunal de Control
del Circuito Judicial Penal del estado Mérida y fue imputado por el delito de
homicidio por la Fiscal Cuarta del Ministerio Público, sin que existiesen
pruebas que determinaran la culpabilidad o implicación en el hecho del acusado.
“Durante
el desarrollo de la fase preparatoria, la defensa logró desvirtuar la
imputación fiscal, al presentar un gran número de testigos para demostrar que
el estudiante universitario no se encontraba presente en la protesta en la que
falleciera el funcionario de la Gobernación. La acusación fiscal se presenta de
manera extemporánea, sobrepasando el lapso de los 45 días establecidos en el
art. 236 tercer aparte del Código Orgánico Procesal Penal vigente”, detalla el
ODH-ULA en un comunicado emitido hoy a propósito de la fecha.
Luego
de presentada la acusación por parte de la Fiscalía, el proceso penal se ha
dilatado injustificadamente. La audiencia preliminar se realizó 19 meses
después de presentada la acusación, el día 21 de agosto de 2018. El Código
Orgánico Procesal Penal de Venezuela establece como norma que, una vez que se
haya presentado la acusación, debe transcurrir un lapso no menor a 10 días ni
mayor a 20 días para realizar la audiencia preliminar.
Las
audiencias de juicio por este caso han sido diferidas en más de cuatro oportunidades.
Finalmente el Tribunal de Juicio había iniciado el debate público el 20 de
enero de este año, pero fue interrumpido debido a la paralización injustificada
de la justicia en Venezuela que existe desde marzo de 2020 por la pandemia del
COVID-19.
Protesta pacífica
Un
grupo de estudiantes de la ULA, amigos de Erickvaldo y abogados del ODH-ULA
protestaron este domingo 13 de septiembre a las afueras del Circuito Judicial
Penal del estado Mérida, exigiendo con carteles y pancartas la liberación de
Márquez. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) interrumpieron
la protesta pacífica y exigieron a los presentes retirarse del lugar, pese a
que cumplían con las medidas de prevención ante el COVID-19.
El
ODH-ULA y 52 organizaciones defensoras de derechos humanos que suscribieron el
referido comunicado exigen que Erickvaldo Márquez sea juzgado en libertad, tal
y como lo establecen las normas nacionales y las medidas establecidas por la
Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su
informe publicado el 25 de marzo de 2020.
