Prensa ODH-ULA.- En el Día Internacional de las Víctimas de
Desapariciones Forzadas, que se conmemora cada 30 de agosto desde el año 2011,
el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA)
recuerda el caso de Alcedo Mora Márquez y los hermanos Jesús y Eliécer Vergel,
desaparecidos entre el 27 de febrero y el 1° de marzo de 2015. Hasta la fecha,
no se tiene ningún rastro de las víctimas ni hay un solo detenido por estos
hechos, considerados por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas como
casos de desapariciones forzadas.
La
Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones
forzadas, proclamada por la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de
1992, establece que ocurren desapariciones forzadas cuando “se arreste, detenga
o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de
su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier
sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre
del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su
asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas
personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a
la protección de la ley”.
Alcedo
Mora despareció tras sostener una reunión con su jefe directo en la Gobernación
de Mérida, Luis Martínez, quien fungía como secretario del entonces gobernador
Alexis Ramírez. El hijo mayor de Alcedo Mora ha declarado públicamente que la
desaparición de su padre está vinculada a que este tenía pruebas sobre
corrupción y contrabando de gasolina cometidos por la Gobernación, con la
anuencia del entonces presidente de PDVSA, Rafael Ramírez.
Las
desapariciones de los hermanos Vergel ocurrieron los dos días posteriores a la
de Alcedo Mora. Estos hombres, de nacionalidad colombiana, trabajaban con él
desde hacía varios años. Danny Vergel, una hermana de las víctimas, declaró en
una investigación periodística que la desaparición de sus hermanos está
vinculada a la del dirigente político merideño.
Hábeas Corpus no
admitido
El
ODH-ULA asistió jurídicamente a los hijos de Alcedo Mora tras la desaparición
de su padre. Abogados de este observatorio introdujeron el 13 de mayo de
2015 un hábeas corpus ante el Tribunal
de Control número 6 del estado Mérida, siendo declarado inadmisible por el juez
de control Hugo Rafael Mendoza, alegando que no había ninguna situación para
dicho recurso de amparo porque no se había verificado si Alcedo Mora estaba
detenido o no.
Por
decisión de los hijos de la víctima, la organización Programa Venezolano de
Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) continuó asistiéndolos
legalmente. El 28 de junio de 2016 el caso fue llevado ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas
y expuesto en el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de Naciones Unidas.
Esta instancia internacional solicitó acciones al gobierno venezolano, pero
desde noviembre de 2017 no hay novedades sobre el curso de las investigaciones
del caso.
Entre
los años 2000 y 2018, Provea registró 199 casos de desapariciones forzadas
ocurridas en Venezuela. Según el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en
la República Bolivariana de Venezuela, 135 personas (23 mujeres y 112 hombres)
fueron “privadas arbitrariamente de la libertad entre 2014 y 2019. De ellas, 23
fueron detenidas en 2018 y 8 en 2019. Algunos de esos casos fueron
desapariciones forzadas hasta que las autoridades revelaron el paradero de las
personas detenidas, días o semanas después de sus detenciones”.
El
Estatuto de Roma en su artículo 7 enumera los crímenes considerados de lesa
humanidad e incluye la desaparición forzada de personas como uno de ellos. En
la legislación venezolana, la Constitución establece en su artículo 45 la
prohibición “a la autoridad pública, sea civil o militar, aun en estado de
emergencia, excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar
la desaparición forzada de personas”.
El
ODH-ULA considera propicia esta fecha para exigir, una vez más, que las
desapariciones forzadas de Alcedo Mora y los hermanos Vergel sean investigadas,
esclarecidas y sus ejecutores enjuiciados por las instituciones del Estado
venezolano, principal responsable de hacer justicia en este y todos los casos
de violaciones a derechos humanos que permanecen impunes.
