(Prensa
ODH-ULA).- La noche de ayer, en medio de una cuarentena nacional que en Mérida
incluye la prohibición de circulación de personas después de las dos de la
tarde, desde el interior de una camioneta dispararon contra un grupo de
manifestantes que exigía tener electricidad durante segundo apagón del día
registrado en el sector El Campito, municipio Libertador del estado. Rafael
Hernández, de 21 años de edad y estudiante de ingeniería de la Universidad de
Los Andes, perdió la vida tras recibir algunos de los más de seis disparos
hechos por sujetos aún no identificados que, según testigos, se marcharon sin
prisa a bordo de la referida camioneta sin placas.
Este
lamentable y condenable hecho ocurre apenas horas después de que el denominado
por Nicolás Maduro como protector de Mérida, Jehyson Guzmán, acompañado del
jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi-Mérida), Danny Ferrer,
convocara a todas las Unidades Populares de Defensa Integral (UPDI), Brigadas
de Paz, milicianos, jefes y jefas de calle, de comunidad y de las Unidades de
Batalla Bolívar Chávez (UBCh) a defender la paz y a activar los mecanismos de
inteligencia social. Guzmán indicó igualmente que “a partir de este momento
nuestras unidades para defensa de la Revolución deben estar activas en sus
puntos de encuentro”, según lo cita el portal web Mazo 4F en nota de prensa.
(Véase:
https://mazo4f.com/en-merida-inteligencia-social-esta-activa-para-prevenir-acciones-desestabilizadoras).
Ornella
Gómez, presidenta de la Federación de Centros de Estudiantes de la ULA
(FCU-ULA), culpó a “esbirros de la dictadura” por el asesinado de Rafael
Hernández. La dirigente estudiantil también rechazó el hecho y exigió
investigarlo.
El
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) exige
que el asesinato de Hernández sea esclarecido y los culpables sean condenados.
Así mismo, rechaza los llamamientos hechos por dirigentes políticos regionales
del régimen de facto, los cuales buscan amedrentar a la población que padece
fallas cada vez más agudas y constantes en todos los servicios básicos.
Investigaciones tardías
Este
5 mayo, pasadas las 9 de las mañana, una comisión del Cuerpos de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) llegó al lugar
de los hechos, después de más de 12 horas de haberse cometido el crimen. El
ODH-ULA ve con preocupación que el lapso de tiempo transcurrido entre el
asesinato y la llegada del CICPC no garantiza que las evidencias se hayan
conservado o no hayan sido alteradas. Esta tardanza no halla justificación
siendo que la sede regional del CICPC está a escasas cinco cuadras del sitio
donde ocurrieron los hechos. La inspección de ley se hizo, además, luego de que
transeúntes y vehículos circularan por el área, lo que permitió contaminar el lugar
del suceso. Esta es una irregularidad que dificulta la identificación de los
responsables del crimen y da cabida a la impunidad.
Fuentes
cercanas a la familia aseguran que Rafael Hernández no tenía buena relación con
su padre por diferencias políticas. La madre del joven falleció cuando él era
un niño.
Es
injustificable que la protesta pacífica ciudadana por la deficiencias de los
servicios a cargo del Estado se castigue con la muerte. Desde el ODH-ULA
exigimos una investigación objetiva y transparente de los hechos que dé con los
responsables de tan lamentable muerte. Así mismo, reiteramos nuestra exigencia
para que cese la política de amedrentamiento y los ataques a la ciudadanía que
desde hace años ejercen fuerzas policiales, militares y paramilitares del
gobierno de facto, así como las acciones criminales cometidas por grupos de
exterminio creados por el régimen.
