(Mérida).- El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) señala con preocupación que las medidas preventivas para evitar el contagio por coronavirus indicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) no pueden cumplirse en los estados andinos del país. Las constantes fallas en los servicios básicos y la escasez y carestía de insumos para acatar dichas medidas limitan las posibilidades de la mayoría de la población para poder cumplirlas.
De igual forma, este observatorio denuncia que las condiciones físicas y de dotación de insumos de los centros de salud de la región tampoco permiten prestar la atención debida a los casos considerados sospechosos, ni menos aún a aquellos que den positivo a la enfermedad COVID-19. Aunado a ello, el control por parte del régimen de la información oficial sobre este tema limita el conocimiento de la población sobre el mismo, aunado a las constantes fallas en los servicios de telecomunicaciones, esenciales para mantenerse informados.
Sin agua ni otros servicios básicos
La principal medida de prevención que establece la OMS es el lavado frecuente de manos con agua y jabón. El ODH-ULA ha documentado fallas constantes en el suministro de agua potable en los estados Mérida, Táchira y Trujillo, donde el servicio ha estado suspendido hasta por cuatro días continuos en sectores de las ciudades capitales y por varias semanas en municipios periféricos.
En los municipios Libertador y Campo Elías de Mérida, habitantes de distintos sectores han reportado al ODH-ULA estar sin agua desde el pasado sábado 14 de marzo. Otros usuarios denuncian que el agua que reciben por tuberías es de color marrón, indicador de su falta de potabilización. Por su parte en el municipio Alberto Adriani, habitantes han reportado pasar hasta 20 días sin agua.
En los municipios Michelena, Lobatera, Bolívar, Pedro María Ureña, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y García de Hevia del estado Táchira tienen 27 días con suspensión casi total en el suministro de agua, según reportan periodistas de la región. Habitantes de dichos municipios indican que solo reciben agua durante tres horas al día, de madrugada y no todos los días. Desde enero existe un cronograma de racionamiento de agua en Táchira que no se cumple.
Los trujillanos también padecen las fallas constantes en el suministro de agua potable. En el municipio Carvajal llega agua por tuberías una sola vez a la semana, debido a problemas en el sistema de bombeo y a reparaciones inconclusas en la red de tuberías. El ODH-ULA resalta que las fallas en este servicio básico son consecuencia de la desinversión y falta de mantenimiento en los sistemas hídricos, cuya administración está en manos del Estado.
Otros servicios básicos esenciales para la vida cotidiana no funcionan debidamente en los estados andinos. La región sufre cortes diarios de energía eléctrica, sin ningún tipo de planificación. Muchos de esos apagones son generales, por lo que afectan incluso las áreas prioritarias donde funcionan los centros de salud. Muchos hogares andinos no cuentan con gas doméstico y la escasez de gasolina y gasoil ha sido recurrente. Así mismo, los servicios de telecomunicaciones son cada vez más precarios en la región.
Hospitales sin insumos ni condiciones mínimas
Aunque el gobierno de facto indicó que cuatro hospitales de la región andina son centinelas para la atención de casos sospechosos o positivos de COVID-19, la realidad de esos centros de salud no permite cumplir con las condiciones mínimas de atención ni prevención frente a esta pandemia.
Este lunes 16 de marzo llegaron a Mérida 22 kits de insumos para la atención de casos de enfermedad por coronavirus, que fueron distribuidos en los dos hospitales centinelas de la entidad: el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula), principal hospital centinela de la región, y el Hospital General Universitario Hugo Rafael Chávez Frías de El Vigía. Este último es un centro asistencial que se inauguró estando aún inconclusa su construcción.
Dichos kits llegaron en cajas que indican “Paquete para Cirugía Oftálmica” y no para la atención específica de la nueva enfermedad que causa el contagio por coronavirus. Las autoridades estadales del régimen informaron que esos kits traen insumos para atender 132 pacientes sospechosos o positivos para COVID-19 que lleguen a los dos nosocomios centinelas del estado. Pero los mismos contienen guantes y tapabocas solo para el personal médico, insumos que también necesita todo el personal que labora en dichos hospitales y que están en contacto permanente con pacientes y público general. El ODH-ULA denuncia que los kits carecen del sistema de bioseguridad recomendado para el manejo de los pacientes que sean positivos para COVID-19.
Así mismo, el Iahula no dispone de áreas de aislamiento para casos de COVID-19. Los espacios habilitados para pacientes positivos son el resultado de una redistribución del área de emergencia, separadas con plásticos. Este hospital centinela solo dispone de cuatros camas para la atención de pacientes graves por contagio de COVID-19, dos de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para adultos y dos para pediátricos. Cabe destacar que el aire acondicionado de la emergencia para adultos no funciona y que el servicio de agua potable no llega a los últimos pisos del Iahula desde hace años.
Aunada a todas estas deficiencias, la escasez de gasolina afecta también al personal sanitario que labora en el Iahula, pues a pesar de ser considerados prioritarios, muchos no pueden surtir combustible a sus vehículos. Por su parte, quienes se trasladan en transporte público deben adquirir tapabocas con sus precarios salarios para poder abordar las unidades.
Debido a la inexistencia de insumos básicos suficientes, como guantes, tapabocas, alcohol, cloro, entre otros, el Iahula ha recurrido a la realización de una campaña a través de internet de recolección de fondos que permitan la adquisición de los mismos.
Desinformación, censura y amedrentamiento
Este observatorio también señala que en la región andina del país no es posible cumplir con la recomendación de mantenerse informado sobre el COVID-19 que ha indicado la OMS. La creación de una Comisión del Estado Mayor de Salud, conformada por médicos no especialistas en el tema, excluyó a epidemiólogos y expertos de la región. Quienes integran dicha comisión responden a interés políticos del gobierno de facto o están censurados.
El ODH-ULA rechaza, además, las detenciones ilegales y el amedrentamiento causado al personal médico y sanitario de la región que ha denunciado la falta de insumos básicos para atender casos sospechosos o positivos de COVID-19. La detención del enfermero Rubén Duarte, trabajador del Hospital Central de San Cristóbal, es una muestra de una política estatal de censura para ocultar las debilidades que tiene el país para enfrentar esta pandemia. Este observatorio ha recibido información sobre otros casos de amenazas y amedrentamiento por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) a quienes han divulgado información sobre las deficiencias en la región para prevenir y tratar casos de COVID-19.
Este observatorio denuncia, además, que las fallas en los servicios de telecomunicaciones en la región, así como en el servicio eléctrico, impiden el acceso oportuno de la población a la información sobre la pandemia por coronavirus.
Finalmente, el ODH-ULA resalta que la cuarentena social que desde este martes 17 de mazo debe cumplirse en todo el país afectará sobre todo a quienes no cuentan con recursos para poder alimentarse diariamente y por ello no pueden acatar la recomendación de quedarse en sus casas.
