La Presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Poder Judicial en el estado Mérida, María Elena Orsini, se pronunció sobre la forma discriminatoria como se procede con  los jubilados y pensionados por cuanto la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) otorgaron un bono compensatorio al personal activo por la cantidad de Bs. 2.140.000 y al personal jubilado de apenas Bs. 570.000.

 

 

Orsini considera este procedimiento es discriminatorio porque los jubilados y pensionados son la población más débil,  son los que necesitan medicamentos y no gozan de ningún bono alimenticio, bono recreacional y menos aún de una cesta ticket.

 

 

Indicó que esta política ha sido repetitiva en varios años consecutivos, tanto así que desde el año 2006 y hasta el año 2014 se produjeron aumentos de sueldos, los cuales beneficiaron al personal activo más no al personal jubilado, y desde el 2011 al 2014 fueron solamente porcentajes ínfimos del 5% a los jueces jubilados, mientras que les pagaron un 15% a los jueces activos.

 

 

Especificó que en el año 2014 a los jueces activos se les pagó un 40% de aumento, mientras que a los jubilados un 28%, lo que les afecta y más aún por tratarse de un órgano administrador de la justicia, y sin embargo este discrimina y excluye, lo que atenta contra la Constitución en sus artículos 19 y 21 que establece que todos son iguales ante la ley, la garantía de los derechos humanos y el principio de progresividad y no discriminación.

 

 

Explicó que igualmente se ha violentado el artículo 46 parágrafo 1 de la Ley de Carrera Judicial, ya que los jubilados y pensionados viven una situación crítica porque los sueldos han sido desmejorados exorbitantemente, ya que no se les ha dado un trato equitativo en comparación con el personal activo.