El concejal Luis Carlos Dávila desde el Concejo Municipal Libertador
El concejal Luis Carlos Dávila, presidente de la Comisión Permanente para la Planificación y Desarrollo de la Organización Espacial Comunal y Territorial del Concejo Municipal del municipio Libertador, informó sobre el inicio de procedimientos administrativos y denuncias formales ante la Contraloría para anular adjudicaciones, ventas de terrenos y decretos irregulares otorgados por gestiones municipales anteriores.
A través de inspecciones desplegadas junto al poder popular, se constataron violaciones flagrantes a las normativas ambientales y urbanísticas viguetas en la entidad.
Ventas ilegales en el sector Santa Ana (Riberas del Abuelo)
La comisión detectó una situación irregular de estafa en el sector Santa Ana, específicamente en la comunidad Riberas del Abuelo. En dicha zona, el exalcalde Alcides Monsalve realizó la venta de terrenos ubicados en áreas de inundación y de retiro del río Albarregas.
El concejal Dávila calificó este acto como una irresponsabilidad y una estafa hacia los ciudadanos: "Venderle eso a una persona en un área de riesgo no se hace... Aunque estén algunas viviendas construidas, nosotros no vamos a regularizar nada que ponga en riesgo la vida de los merideños".
Asimismo, se detalló que se violó el Dispositivo 19 de la Ley de Regularización, el cual exige un lapso mínimo de 10 años para que terrenos municipales adjudicados puedan ser vendidos a terceros u ofertados de vuelta al municipio. El documento de dicha venta data del año 2018, por lo que el lapso legal se cumpliría en el 2028. Además, el procedimiento omitió la aprobación obligatoria de las tres cuartas partes del Concejo Municipal, así como las opiniones favorables de la Contraloría, el CLPP y la Sindicatura Municipal.
Decretos inválidos y adjudicación a la Arquidiócesis en San Jacinto
Por otra parte, la comisión parlamentaria detectó fallas graves en la gestión del alcalde Jesús Araque, quien mediante un decreto desafectó y ordenó la adjudicación de terrenos de forma ilegal a la Arquidiócesis de Mérida en el sector San Jacinto (calle Lagunilla).
Dávila aclaró que un alcalde no posee la potestad para desafectar terrenos municipales, siendo esta una competencia exclusiva del Concejo Municipal.
En el expediente respectivo no cursa ningún título supletorio ni certificación de testigos que demuestre que la capilla o las bienhechurías del sector pertenezcan a la Arquidiócesis. Al contrario, los registros históricos y el testimonio de los vecinos confirman que la infraestructura fue levantada por la propia comunidad y resguarda la imagen de San Jacinto, un santo con más de 400 años de tradición en la zona. La comunidad solicita actualmente que este espacio sea declarado patrimonio histórico y religioso del estado.
Acciones legales inmediatas
Ante la gravedad de los hallazgos, la comisión ya ha remitido los informes correspondientes a la Sindicatura y a la Contraloría Municipal para iniciar un encuentro contencioso-administrativo. El objetivo definitivo es demandar la nulidad absoluta de estos decretos, ventas y actos en Gaceta Oficial, debido a que representan vicios de nulidad evidentes y una clara extralimitación de funciones que violaron las leyes nacionales y las ordenanzas locales. /Nelson Dugarte /CNP 19.758












