Este martes 30 de junio de 2026, cuatro expertos de la Universidad de Los Andes (ULA) disertaron sobre las causas, consecuencias y gestión de la emergencia que vive el litoral central de Venezuela y otros estados noroccidentales tras los terremotos ocurridos hace ocho días. El foro se tituló «La Tierra tiembla: análisis y retos tras el terremoto del 24J» y tuvo lugar en el Colegio de Ingenieros de Mérida.
El foro comenzó con la intervención de Raúl Estévez, fundador del Laboratorio de Geofísica de la ULA y de la Red Sismológica de los Andes Venezolanos. Estévez fue uno de los impulsores de la gestión del riesgo sísmico en Venezuela y coordinador nacional del Programa de Gestión de Riesgos y Reducción de Desastres a comienzos de los 2000.
Pedro Rivero, el segundo forista, es profesor del Departamento de Estructuras —con una maestría en Ingeniería Estructural— y director de la Escuela de Ingeniería Civil de la ULA. La tercera experta en participar fue la arquitecta Klaudia Lafaille, profesora de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la ULA y experta en gestión de riesgos. El foro cerró con la participación de Jorge Carrero, geógrafo especializado en geomorfología aplicada, también profesor de la ULA.
«Se desmanteló el sistema de estaciones sismológicas»
Raúl Estévez ha sido tajante al decir, en este foro y en varias entrevistas, que la operatividad de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) es mínima. «Se llegaron a tener entre 250 y 300 estaciones sismológicas en todo el país. En Mérida hubo unas 25. A Funvisis le quedan 3 o 5 estaciones funcionando. Toda esa infraestructura desapareció porque no dieron recursos», dijo en su intervención para explicar el silencio de la institución durante más de cuatro horas después del terremoto.
Para el experto, la recuperación de las redes sismológicas e hidrometeorológicas del país es una prioridad indispensable. «Los sismógrafos son los que permiten evaluar y hacer seguimiento a las réplicas», explicó para resaltar la importancia de estas mediciones en las investigaciones que permitirán estudiar y analizar este evento sísmico.
Estévez también se refirió a la falta de expertos en el tema en el país, debido a la fuga de talentos ocasionada por la asfixia a las universidades y a los centros de investigación. «Las generaciones de relevo en el área se fueron. Quedamos los jubilados», lamentó.
En su intervención aseguró que lo ocurrido el pasado 24 de junio en el litoral del país es el desastre socionatural más devastador registrado en América Latina, debido a sus características y a la falta de preparación para minimizar riesgos y gestionarlos debidamente. «No fue un terremoto cualquiera y además ocurre cuando estamos desamparados en todas las áreas. El objetivo de la gestión de riesgos es evitar que los accidentes se conviertan en desastres», aseguró.
Entre las tareas pendientes tras lo ocurrido, Estévez señala cuatro principales: rehabilitación, prevención, mitigación y preparación. La primera es la recuperación de líneas vitales: agua, electricidad, telecomunicaciones, vialidad y edificaciones esenciales.
Luego vendría el trabajo de expertos para identificar problemas, caracterizarlos y proponer soluciones. «La Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat ha adelantado diagnósticos de infraestructuras en Valencia y Coro que sirven de ejemplo para las ciudades donde hay que hacer esos diagnósticos», precisó.
Las edificaciones «se comportan como se construyen, no como se diseñan»
El ingeniero civil Jorge Rivero, experto en análisis y vulnerabilidad sísmica en edificaciones y en sismología aplicada, centró su intervención en cómo debe diseñarse la resistencia de una estructura para soportar sismos de gran magnitud.
El experto explicó que el diseño sismorresistente se basa en cuantificar las probabilidades de sismos que puede enfrentar una edificación, entre ellos el tipo de suelo sobre el que se va a construir, porque este es capaz de amplificar la magnitud del sismo y el «efecto de resonancia». El La Guaira, los suelos son principalmente aluviales y arcillosos, características que aumentan la vulnerabilidad de las construcciones ante terremotos.
Rivero señaló tres objetivos principales del diseño sismorresistente en estructuras de acero: evitar la pérdida de vidas, minimizar los daños a la propiedad y asegurar la continuidad de los servicios esenciales. El alcance de estos objetivos es posible si se cumplen tres principios básicos en el diseño: resistencia, rigidez y ductilidad. Este último se refiere a que una estructura tenga la capacidad de deformarse sin perder resistencia.
«Construimos estructuras para que se dañen mínimamente, que no colapsen. Diseñamos para que los daños ocurran en las vigas y no en los elementos verticales», precisó el ingeniero. Sin embargo, reconoció que el diseño sismorresistente se hace para que una estructura pueda «aguantar» un sismo de gran magnitud, pero los reportes señalan que el pasado 24 de junio ocurrieron dos sismos de magnitud superior a 7 cada uno, una situación que supera las capacidades de resistencia de cualquier edificación.
«La norma que está vigente es de avanzada, pero las demandas que causaron estos terremotos superaron las probabilidades que establece la normativa», explicó el experto, en referencia a la Norma Venezolana para Construcciones Sismorresistentes, vigente desde 2019. Asimismo, reconoció que hay ingenieros que no están actualizados con esa normativa.
No obstante, Rivero señaló que Venezuela debía estar preparada para enfrentar un sismo de gran magnitud, porque si bien los terremotos no se pueden predecir, los períodos de retorno deben tomarse en cuenta para hacer análisis de riesgos y tomar acciones de prevención y gestión que contribuyan a disminuir las consecuencias del evento natural. «En cualquier país, con tanto tiempo que haya pasado desde un gran terremoto, debe prepararse para otro», afirmó.
Finalmente, el experto señaló que un trabajo es el que hacen los ingenieros civiles que diseñan estructuras sismorresistentes y otro el que terminan haciendo quienes llevan a cabo la construcción. «Los planos e hipótesis de análisis y cálculo estructural pueden ser impecables en el papel, pero la falta de inspección técnica rigurosa en obra merma la seguridad real de las estructuras ante la acción sísmica», expresó.
Rivero resaltó la importancia de que las alcaldías auditen y actualicen los permisos y que los ingenieros municipales implementen inspecciones obligatorias en fases clave de la construcción. «Ningún proyecto de mediana o alta densidad debería aprobarse en el país sin estudios geotécnicos severos y ensayos de ondas de corte para clasificar correctamente el suelo», precisó.
«No tenemos equipos de rescate urbano suficientes»
La participación de la arquitecta Klaudia Lafaille, quien también forma parte de la Comisión de Riesgos de la ULA, se centró en explicar los distintos momentos que tiene una emergencia sísmica, con base en la metodología del Grupo Asesor Internacional de Búsqueda y Rescate (INSARAG). Este es el estándar de las Naciones Unidas para la coordinación de equipos de búsqueda y rescate urbano (USAR) en situaciones de catástrofe. El objetivo de esta metodología es optimizar la respuesta internacional mediante normas universales y la evaluación estructurada de daños.
Lafaille resaltó que una de las principales fallas que ha tenido el país para enfrentar la emergencia tras los recientes terremotos es la falta de suficientes equipos de rescate urbano. «Un equipo liviano está compuesto por 30 personas que necesitan, entre otras cosas, martillo de impacto, cámara de búsqueda (…) Estamos trabajando con equipos muy precarios que impiden dar una buena respuesta. Tampoco alcanzan los equipos extranjeros que llegan», explicó.
Por otra parte, la experta dijo que no todo tipo de ayuda es adecuado en esta fase de la emergencia. En ocasiones, la ayuda que de buena intención se busca dar, puede en su lugar entorpecer el rescate. «En las etapas de la emergencia hay que ser muy pertinente», puntualizó Lafaille, al tiempo que detalló las prioridades que deberían destacarse.
«Deberíamos tener varios equipos USAR (equipos de búsqueda y rescate urbano) para trabajar en las edificaciones que podrían colapsar y para continuar con la búsqueda de personas, así ya no estén con vida. Las familias tienen el derecho de recuperar los cadáveres de sus familiares fallecidos durante los terremotos», expresó.
Lafaille aseguró que hay mucha gente dispuesta a ayudar desde afuera y recursos disponibles para atender la emergencia y las etapas posteriores. Por eso invitó a enfocarse en crear proyectos que permitan fortalecer la capacidad de respuesta del país ante eventos como estos y desarrollar propuestas de vivienda para las personas que quedaron damnificadas.
Finalmente, la experta destacó la importancia de que Protección Civil realice y difunda el EDAN (informe de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades), para saber dónde se debe focalizar la ayuda.
Gestionar la emergencia con enfoque de derechos humanos
El foro cerró con la participación del geógrafo Jorge Carrero, quien recordó que el litoral central es una zona muy peligrosa para la ocurrencia de accidentes naturales, pero a su vez es una de las más estudiadas y con más normativa sismorresistente. Esto último hace que no sea justificable la magnitud de la emergencia ocasionada por los recientes terremotos, aunado a las explicaciones de los demás expertos.
Desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) nos unimos al duelo que embarga a toda Venezuela por la pérdida de miles de vidas humanas, la desaparición de decenas de miles de personas, la delicada situación de salud que atraviesan miles de heridos y la destrucción de innumerables viviendas y bienes.
Esta dependencia exhorta al Estado venezolano a asumir sus responsabilidades en la debida atención y gestión de esta emergencia nacional. El respeto y la garantía de los derechos humanos de todas las personas en el país son deberes irrenunciables de quienes ejercen el poder.
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