El 20 de marzo por la Sala Electoral
La Universidad de Los Andes (ULA), una de las principales de Venezuela, sigue sin poder renovar a sus autoridades a 16 años de su última elección. La suspensión de las elecciones hace casi cinco meses, por orden de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), representa no solo una violación a la autonomía universitaria, sino del derecho de elegir y ser electos de los miembros de esta comunidad.
Luego de que el 30 de junio de 2023 la Universidad Central de Venezuela (UCV), después de 15 años, logró realizar las elecciones para renovar a sus autoridades, a través de un Reglamento electoral transitorio, la ULA quiso emular esta experiencia.
Se creó entonces una comisión de factibilidad en la que participó el profesor y Miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, Alejandro Gutiérrez, que adaptó ese reglamento a la ULA, estableciendo en el artículo 5 que “el voto de los electores tendrá una significación proporcional referencial a calcular sobre el número de profesores que ejerzan su derecho al voto: Estudiantes de pregrado y postgrado: 25. Egresado de pregrado y postgrado: 5%. Personal Administrativo: 10%. Personal Obrero 10%”.
Una vez que el Consejo Universitario aprobó el Reglamento transitorio, la Comisión Electoral de la ULA preparó el cronograma: estableció el período de inscripción de candidatos, la primera vuelta para el 30 de abril, la segunda para el 8 de mayo, y la toma de posesión de las autoridades electas para el 5 de junio de 2024.
Pero el 20 de marzo la Sala Electoral del TSJ, presidida desde el 17 enero de 2024 por Caryslia Rodríguez, ordenó abruptamente la suspensión del proceso.
La Sala Electoral, entonces, suspendió las elecciones y la Comisión Electoral de la universidad “en un hecho inédito, se dio por notificada cuando esa acción le corresponde al Consejo Universitario, al ser una acción contra la Universidad de Los Andes”, dijo Mario Bonucci, rector de la ULA desde el 2008.
A juicio de Bonucci, “la ULA recibió un trato injusto” cuando se evitó que usaran esa normativa empleada por otras instituciones, “cercenando el derecho de elegir a sus autoridades, en nombre de un derecho a la igualdad”. / Yanara Vivas
