Durante su visita a la ciudad de Mérida este jueves 13 de junio, Nicolás Maduro anunció la activación de un plan presidencial para la recuperación de todas las instalaciones de la Universidad de Los Andes. «Tengo la plata, tengo los recursos», aseguró el presidente ilegítimo. Esta «recuperación» se haría a través de la Misión Venezuela Bella.
Según registros del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), al menos desde 2008 el gobierno venezolano ha recortado sistemáticamente los presupuestos que solicitan las universidades autónomas del país. En contraparte, desde 2003 se han destinado enormes sumas de dinero a instituciones del sistema paralelo y programas políticos disfrazados de educación superior, que han derivado en opacidad y gran corrupción, a través de la Misión Sucre y la Misión Alma Mater, principalmente.
Para este 2024, la ULA solicitó un presupuesto de 4.400.000 millones de bolívares, equivalentes a 122.699.387 dólares, calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) del 3 de enero de este año. Sin embargo, la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) solo aprobó el 17,55 % de lo requerido, unos 21.533.742 dólares.
De acuerdo con cálculos hechos por el ODH-ULA, en los últimos seis años la OPSU ha recortado al menos 237.688.969,61 dólares (USD 237,6 millones) a los presupuestos solicitados por la ULA. Estos cálculos se hicieron tomando como referencia la tasa oficial del BCV del primer día hábil de cada año, entre 2019 y 2024. En la práctica, la universidad ha dejado de recibir incluso más dinero, porque el gobierno no entrega el total del monto que aprueba y la continua devaluación de la moneda nacional y la inflación impactan negativamente en los presupuestos.
