Lcdo. Giovanni Barboza / CNP 6640 / giovannibar@gmail.com
En diciembre del año 2015, la Asamblea Nacional
presidida por Diosdado Cabello, entre gallos y medianoche, aprobó una Ley de la
Comunicación Popular. Esta Ley, provenía de un proyecto que generó un amplio
debate nacional, donde participaron varias personas y colectivos vinculados al
tema, sin embargo, muchos de las propuestas no fueron consideradas por los
legisladores nacionales, y antes de entregar sus curules a la oposición, que
había ganado las elecciones del 2015, decidieron aprobar la referida Ley.
Agarrando aunque sea fallo.
El año siguiente, junio de 2016, en el marco del Día
del Periodista, el presidente Nicolás Maduro le ordena a su ministro de
comunicación e información, Luís José Marcano, que tiene un mes para
presentarle el Reglamento de esta Ley, para así poner en práctica este
instrumento que había generado gran expectativa en los comunicadores populares.
Pero el ministro hizo caso omiso a la orden de su jefe.
En Mérida, de manera militante y comprometida, el
Consejo de Planificación y Participación de la Comunicación Popular “David
Ildemaro Berrios Juárez”, convocó a una reunión de urgencia para apoyar la
encomienda del presidente Maduro a su ministro de comunicación, y se hizo una
propuesta de Reglamento de la Ley de la Comunicación Popular, que fue
considerada un modelo, y hasta sería la que se le presentaría al presidente
para su aprobación. Supongo que envidiosos y detractores decidieron engavetar
la propuesta.
Más adelante, cuando el presidente Maduro convoca a
una Asamblea Nacional Constituyente disque para promover la paz en el país, y
así “hacer sombra” a la AN opositora, los Constituyentistas propusieron una
reforma de todas las leyes del poder popular, y entre ellas, entró la Ley de la
comunicación popular, que muy poco se conocía y que no se había ni siquiera
aplicado. Algunos esgrimían que hacía fala el Reglamento de la Ley para
aplicarla. Vaya disparate.
Sin embargo, y con algo de esperanza, en Mérida muchos
se prepararon para el nuevo debate, y, especialmente porque el Constituyentista
que conduciría esta consulta era de nuestro patio, pero el legislador, sin
mucha conciencia de lo que se pregonaba de un “pueblo legislador”, se reunió
con algunos funcionarios públicos y uno que otro “tira flechas” sobre el tema,
y nunca se consultó al Consejo de la comunicación popular, que era la instancia
más calificada para tal fin. Menos mal que no se reformó la Ley.
Pero, hace varios meses, se ha venido despertando el
interés por desempolvar esta Ley, y ha sido la Comisión Permanente del Poder
Popular y Comunicación, Sub Comisión de comunicación, quien ha orientado los
debates con una propuesta que ahora habla de una “Ley Orgánica de Comunicación
del Poder Popular”; la pregunta que sugiere el asunto es ¿si la Ley anterior
nunca se aplicó, que garantías hay de que esta si se aplique?.
Por otra parte, hasta ahora, las consultas las han
liderado colectivos del área metropolitana de la capital, ¿será que lo demás es
monte y culebra?, y aunque se esgrima que el debate se abre de manera digital y
por multi medias, carajo el debate cara a cara es más sabroso.
