En el caso particular de la Universidad de Los Andes (ULA), las autoridades debían ser renovadas en el año 2012, tras cumplirse el período de 4 años que establece la Ley de Universidades vigente.
Han pasado 10 años y las autoridades siguen ocupando los cargos, a la espera de un proceso que no vulnere la Autonomía Universitaria y las leyes, pero que también sea respetado por los diferentes poderes del Estado.
El tema se ha reavivado con el reciente anuncio de la Universidad Central de Venezuela sobre un proceso de elecciones para el 26 de mayo del año en curso, generando por igual expectativas y recelo, pues no sería el primer intento de una universidad venezolana por renovar sus autoridades.
Mario Bonucci Rossini, Rector de la Universidad de Los Andes, responde varias preguntas al respecto en una entrevista realizada en el despacho rectoral, señalando reiteradamente la necesidad de hacer elecciones, pero alertando sobre los riesgos que reviste un proceso como este en las circunstancias actuales.
¿Por qué no ha habido elecciones nuevamente?
La Ley de Universidades (1970) vigente establece que las elecciones de autoridades en las universidades autónomas deben realizarse cada 4 años, un proceso que se mantuvo inalterado durante los años de democracia bipartidista.
Con la llegada de la llamada “revolución” se inicia un proceso político que tenía como objetivo el control de todos los espacios, lo que en el fondo se traduce en la desinstitucionalización, porque lograrlo obliga a cambiar (o desconocer) todo lo establecido, incluso en la Constitución Nacional.
En el año 2008 la Asamblea Nacional, con una amplia mayoría chavista, aprueba una Ley Orgánica de Educación, con la cual pretenden, entre otras cosas, cambiar la composición de la llamada “comunidad universitaria”.
En la misma, promueven la participación de empleados y obreros en las elecciones de autoridades, sin embargo, desde las universidades argumentamos que dicha vía es inconstitucional por contravenir el Artículo 109 de la Carta Magna.
El referido artículo establece que: “el Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación. Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión”.
En ejercicio de ese deber y ese derecho constitucional las universidades se aferran a la Ley de Universidades de 1970, la cual no ha sido derogada y establece en su Artículo 1 que “La Universidad es fundamentalmente una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre”.
Así pues, las universidades se han resistido a asistir a un proceso de elecciones en las condiciones que se les imponen pues se harían cómplices de una violación a la Constitución Nacional, pero más aún, ha habido universidades que han intentado hacer elecciones de esa forma a las que también se les han suspendido los procesos.
Esta realidad, deja en evidencia una política de desgaste contra las instituciones que han mantenido vivas las voces críticas de la nación.
En el año 2012 la Comisión Electoral de la Universidad de Los Andes hizo el llamado a elecciones tal y como correspondía según la Ley de Universidades y el proceso fue paralizado por la Sala Electoral, la cual además ordenó a las autoridades a permanecer en sus cargos.
Más allá de una imposición política ha habido muchos cambios en el ámbito universitario global, muchas universidades incorporan a sus empleados en sus elecciones. ¿Cuál es su postura frente a la modificación de la comunidad universitaria de cara a un proceso electoral?
En realidad, son cambios ineludibles en este punto histórico, tanto nacional como globalmente, a lo que debemos sumar la actitud comprometida y aguerrida de nuestros empleados y obreros.
Es una actitud con la que han resistido la imposición de una política no escrita de asfixia presupuestaria, la asignación de salarios insuficientes para cubrir las necesidades básicas, y aún más, son quienes han aportado de sus propios bolsillos para que la universidad siga funcionando y formando los profesionales de calidad que el país necesita.
Nuestros empleados y obreros se han ganado el respeto, reconocimiento y admiración de la sociedad en general, sin embargo, lo ideal sería que esta incorporación se diera según lo establecido en la Constitución, que sea un proceso blindado e incuestionable que emane de las propias universidades en ejercicio de su Autonomía siguiendo los canales que existen para tal fin, no como una imposición política populista.
Durante las últimas semanas se han dado pasos en la Universidad Central de Venezuela hacia un proceso de elecciones para el mes de mayo, ¿Qué apreciaciones tiene usted al respecto?
La renovación de autoridades universitarias es una necesidad desde hace varios años que ha sido postergada por las razones ya expuestas.
Necesitamos personas con energías renovadas, con mente fresca, con nuevas visiones sobre los problemas actuales, porque es importante resaltar que un proceso de elecciones no cambia o elimina los problemas que componen esta crisis compleja.
En este caso, solamente cambiarían las personas que les hacen frente a esta crisis, personas que asumirían una institución sin presupuesto, con personal reducido, con una infraestructura gravemente afectada por el paso del tiempo y la imposibilidad de hacerle el mejor mantenimiento, es decir, quien asuma este reto debe estar consciente de todo ello.
En el caso particular de la UCV debo lamentar que no se haya manejado de manera coordinada con el resto de las universidades a través de la AVERU (Asociación Venezolana de Rectores Universitarios).
Es cierto que ellos tienen todo su derecho y autonomía, pero la UCV ha avanzado en solitario por este camino y lo que ocurra por estas decisiones, sea bueno o malo, puede marcar el destino de todas las universidades nacionales.
En este momento nuestro mayor reto no es sólo hacer elecciones sino cuidar que las mismas sean un proceso blindado que lleve a unas nuevas autoridades a asumir el cargo.
La renovación es necesaria, de eso no tenemos dudas, pero debemos avanzar con cautela, lamentablemente no conocemos las circunstancias legales que se han establecido para que ese proceso se dé y sea respetado, no podemos permitir que el cansancio nos empuje a tomar decisiones apresuradas que signifiquen un daño aun mayor o la pérdida total de lo que hemos preservado con tanto esfuerzo durante tantos años.
¿A qué se refiere con el daño mayor o la pérdida?, ¿Considera que la universidad podría caer en manos del oficialismo?
No. Es evidente que las universidades autónomas venezolanas tienen una postura política muy clara y definida, tal vez es esa la razón por la que no han permitido hacer elecciones pues el llamado “oficialismo” sabe que no obtendría mayor representación en la institución, no lo hicieron cuando eran nuevos en el poder menos lo lograrían ahora con todo el daño que han hecho, sobre todo a nuestras instituciones educativas.
Sin embargo, es importante considerar escenarios a partir de las realidades, de las experiencias, por ejemplo, ¿Van a respetar los resultados obtenidos?, ¿Qué ocurre si las autoridades salientes entregan el poder y luego no se permite que los ganadores asuman?, eso significaría un vacío de poder y una intervención inmediata, es decir, nombramiento de autoridades desde el Ejecutivo.
De igual manera, es oportuno mirar la historia contemporánea. Recordemos cuando en 1998 una mayoría eligió a Hugo Chávez con una visión nublada de populismo, buscando más un vengador que un gerente, muchos movidos por resentimientos y odios contra los grupos de poder, pues bien, lamentablemente en nuestras universidades también hay grupos a los que no les importa el futuro de la institución, sólo los mueve el odio hacia sus actuales gerentes o la mera ambición de poder.
Algunas personas podrían interpretar lo que usted dice como un rechazo a las elecciones. ¿Se resiste Mario Bonucci a entregar el poder en la Universidad de Los Andes?
Nunca.
De hecho, si revisan mis declaraciones durante estos 10 años de más que me ha correspondido estar en el cargo, siempre he insistido en la necesidad de hacer elecciones bajo un blindaje legal, y no solamente Mario Bonucci, sino todas las autoridades incluidos los decanos de las facultades.
Hay gente con talento en la universidad, con capacidades admirables para gerenciar esta institución, gente con energía y disposición.
¿Usted sería candidato a una reelección?
No.
Es más, soy tal vez uno de los más interesados en entregar las riendas de la Universidad de Los Andes a una nueva persona, no sólo por mi visión democrática de la gerencia, no sólo porque es lo que legalmente corresponde hacer desde hace varios años, sino también porque durante este tiempo muchas cosas han cambiado.
Me mueve el compromiso y el amor por la universidad, la esperanza, el apoyo de mi equipo, así como un profundo respeto por la democracia y la alternabilidad, pero los cambios en la universidad son necesarios.
Las elecciones, más allá de todo su significado democrático tienen un costo económico, ¿es viable un proceso electoral en las universidades autónomas en este momento?
Sí es viable, pero un llamado a elecciones significa una serie de retos que pondrá a prueba no solamente la capacidad de organización de los universitarios, sino también la disposición de la OPSU y del Ministerio, pues se requiere una cantidad importante de recursos que las universidades no tienen actualmente.
Hay que preguntarse, por ejemplo, ¿Cómo elaborar padrones electorales complejos, como el de los egresados?, ¿Quién pagaría todo el material fungible que se requiere? Y con esto me refiero desde papeles hasta simples lapiceros, ¿quién se encargaría de cubrir toda la logística necesaria para blindar un proceso de esta magnitud?, ¿Quién costearía la impresión de papeletas para poder hacer la votación?, porque no tenemos papel ni siquiera para el funcionamiento cotidiano de la institución, ¿Nos vamos a voto electrónico?, ¿Quién pone las máquinas? No tenemos presupuesto ni los elementos tecnológicos necesarios, pero sí tenemos la más firme voluntad de que se realicen las elecciones.
Las elecciones son necesarias, sí.
Diría incluso que son urgentes, pero no podemos ser ingenuos frente a lo que ellas significan.
No podemos pensar simplemente en el instante de nuestro voto o en el anuncio del ganador, entre la reflexión y la ejecución hay una gran distancia en tiempos y costos, quienes digan lo contrario están actuando desde la ignorancia o desde el populismo, debemos estar alerta.
El objetivo de todas las autoridades es dejar la universidad en buenas manos, cuidar su continuidad como una institución que vela y promueve el desarrollo de la nación desde la libertad del pensamiento, desde el desarrollo intelectual y espiritual de sus ciudadanos. (NE/CNP 18728/Prensa ULA)
En el caso particular de la Universidad de Los Andes (ULA), las autoridades debían ser renovadas en el año 2012, tras cumplirse el período de 4 años que establece la Ley de Universidades vigente.
Han pasado 10 años y las autoridades siguen ocupando los cargos, a la espera de un proceso que no vulnere la Autonomía Universitaria y las leyes, pero que también sea respetado por los diferentes poderes del Estado.
El tema se ha reavivado con el reciente anuncio de la Universidad Central de Venezuela sobre un proceso de elecciones para el 26 de mayo del año en curso, generando por igual expectativas y recelo, pues no sería el primer intento de una universidad venezolana por renovar sus autoridades.
Mario Bonucci Rossini, Rector de la Universidad de Los Andes, responde varias preguntas al respecto en una entrevista realizada en el despacho rectoral, señalando reiteradamente la necesidad de hacer elecciones, pero alertando sobre los riesgos que reviste un proceso como este en las circunstancias actuales.
¿Por qué no ha habido elecciones nuevamente?
La Ley de Universidades (1970) vigente establece que las elecciones de autoridades en las universidades autónomas deben realizarse cada 4 años, un proceso que se mantuvo inalterado durante los años de democracia bipartidista.
Con la llegada de la llamada “revolución” se inicia un proceso político que tenía como objetivo el control de todos los espacios, lo que en el fondo se traduce en la desinstitucionalización, porque lograrlo obliga a cambiar (o desconocer) todo lo establecido, incluso en la Constitución Nacional.
En el año 2008 la Asamblea Nacional, con una amplia mayoría chavista, aprueba una Ley Orgánica de Educación, con la cual pretenden, entre otras cosas, cambiar la composición de la llamada “comunidad universitaria”.
En la misma, promueven la participación de empleados y obreros en las elecciones de autoridades, sin embargo, desde las universidades argumentamos que dicha vía es inconstitucional por contravenir el Artículo 109 de la Carta Magna.
El referido artículo establece que: “el Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación. Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión”.
En ejercicio de ese deber y ese derecho constitucional las universidades se aferran a la Ley de Universidades de 1970, la cual no ha sido derogada y establece en su Artículo 1 que “La Universidad es fundamentalmente una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre”.
Así pues, las universidades se han resistido a asistir a un proceso de elecciones en las condiciones que se les imponen pues se harían cómplices de una violación a la Constitución Nacional, pero más aún, ha habido universidades que han intentado hacer elecciones de esa forma a las que también se les han suspendido los procesos.
Esta realidad, deja en evidencia una política de desgaste contra las instituciones que han mantenido vivas las voces críticas de la nación.
En el año 2012 la Comisión Electoral de la Universidad de Los Andes hizo el llamado a elecciones tal y como correspondía según la Ley de Universidades y el proceso fue paralizado por la Sala Electoral, la cual además ordenó a las autoridades a permanecer en sus cargos.
Más allá de una imposición política ha habido muchos cambios en el ámbito universitario global, muchas universidades incorporan a sus empleados en sus elecciones. ¿Cuál es su postura frente a la modificación de la comunidad universitaria de cara a un proceso electoral?
En realidad, son cambios ineludibles en este punto histórico, tanto nacional como globalmente, a lo que debemos sumar la actitud comprometida y aguerrida de nuestros empleados y obreros.
Es una actitud con la que han resistido la imposición de una política no escrita de asfixia presupuestaria, la asignación de salarios insuficientes para cubrir las necesidades básicas, y aún más, son quienes han aportado de sus propios bolsillos para que la universidad siga funcionando y formando los profesionales de calidad que el país necesita.
Nuestros empleados y obreros se han ganado el respeto, reconocimiento y admiración de la sociedad en general, sin embargo, lo ideal sería que esta incorporación se diera según lo establecido en la Constitución, que sea un proceso blindado e incuestionable que emane de las propias universidades en ejercicio de su Autonomía siguiendo los canales que existen para tal fin, no como una imposición política populista.
Durante las últimas semanas se han dado pasos en la Universidad Central de Venezuela hacia un proceso de elecciones para el mes de mayo, ¿Qué apreciaciones tiene usted al respecto?
La renovación de autoridades universitarias es una necesidad desde hace varios años que ha sido postergada por las razones ya expuestas.
Necesitamos personas con energías renovadas, con mente fresca, con nuevas visiones sobre los problemas actuales, porque es importante resaltar que un proceso de elecciones no cambia o elimina los problemas que componen esta crisis compleja.
En este caso, solamente cambiarían las personas que les hacen frente a esta crisis, personas que asumirían una institución sin presupuesto, con personal reducido, con una infraestructura gravemente afectada por el paso del tiempo y la imposibilidad de hacerle el mejor mantenimiento, es decir, quien asuma este reto debe estar consciente de todo ello.
En el caso particular de la UCV debo lamentar que no se haya manejado de manera coordinada con el resto de las universidades a través de la AVERU (Asociación Venezolana de Rectores Universitarios).
Es cierto que ellos tienen todo su derecho y autonomía, pero la UCV ha avanzado en solitario por este camino y lo que ocurra por estas decisiones, sea bueno o malo, puede marcar el destino de todas las universidades nacionales.
En este momento nuestro mayor reto no es sólo hacer elecciones sino cuidar que las mismas sean un proceso blindado que lleve a unas nuevas autoridades a asumir el cargo.
La renovación es necesaria, de eso no tenemos dudas, pero debemos avanzar con cautela, lamentablemente no conocemos las circunstancias legales que se han establecido para que ese proceso se dé y sea respetado, no podemos permitir que el cansancio nos empuje a tomar decisiones apresuradas que signifiquen un daño aun mayor o la pérdida total de lo que hemos preservado con tanto esfuerzo durante tantos años.
¿A qué se refiere con el daño mayor o la pérdida?, ¿Considera que la universidad podría caer en manos del oficialismo?
No. Es evidente que las universidades autónomas venezolanas tienen una postura política muy clara y definida, tal vez es esa la razón por la que no han permitido hacer elecciones pues el llamado “oficialismo” sabe que no obtendría mayor representación en la institución, no lo hicieron cuando eran nuevos en el poder menos lo lograrían ahora con todo el daño que han hecho, sobre todo a nuestras instituciones educativas.
Sin embargo, es importante considerar escenarios a partir de las realidades, de las experiencias, por ejemplo, ¿Van a respetar los resultados obtenidos?, ¿Qué ocurre si las autoridades salientes entregan el poder y luego no se permite que los ganadores asuman?, eso significaría un vacío de poder y una intervención inmediata, es decir, nombramiento de autoridades desde el Ejecutivo.
De igual manera, es oportuno mirar la historia contemporánea. Recordemos cuando en 1998 una mayoría eligió a Hugo Chávez con una visión nublada de populismo, buscando más un vengador que un gerente, muchos movidos por resentimientos y odios contra los grupos de poder, pues bien, lamentablemente en nuestras universidades también hay grupos a los que no les importa el futuro de la institución, sólo los mueve el odio hacia sus actuales gerentes o la mera ambición de poder.
Algunas personas podrían interpretar lo que usted dice como un rechazo a las elecciones. ¿Se resiste Mario Bonucci a entregar el poder en la Universidad de Los Andes?
Nunca.
De hecho, si revisan mis declaraciones durante estos 10 años de más que me ha correspondido estar en el cargo, siempre he insistido en la necesidad de hacer elecciones bajo un blindaje legal, y no solamente Mario Bonucci, sino todas las autoridades incluidos los decanos de las facultades.
Hay gente con talento en la universidad, con capacidades admirables para gerenciar esta institución, gente con energía y disposición.
¿Usted sería candidato a una reelección?
No.
Es más, soy tal vez uno de los más interesados en entregar las riendas de la Universidad de Los Andes a una nueva persona, no sólo por mi visión democrática de la gerencia, no sólo porque es lo que legalmente corresponde hacer desde hace varios años, sino también porque durante este tiempo muchas cosas han cambiado.
Me mueve el compromiso y el amor por la universidad, la esperanza, el apoyo de mi equipo, así como un profundo respeto por la democracia y la alternabilidad, pero los cambios en la universidad son necesarios.
Las elecciones, más allá de todo su significado democrático tienen un costo económico, ¿es viable un proceso electoral en las universidades autónomas en este momento?
Sí es viable, pero un llamado a elecciones significa una serie de retos que pondrá a prueba no solamente la capacidad de organización de los universitarios, sino también la disposición de la OPSU y del Ministerio, pues se requiere una cantidad importante de recursos que las universidades no tienen actualmente.
Hay que preguntarse, por ejemplo, ¿Cómo elaborar padrones electorales complejos, como el de los egresados?, ¿Quién pagaría todo el material fungible que se requiere? Y con esto me refiero desde papeles hasta simples lapiceros, ¿quién se encargaría de cubrir toda la logística necesaria para blindar un proceso de esta magnitud?, ¿Quién costearía la impresión de papeletas para poder hacer la votación?, porque no tenemos papel ni siquiera para el funcionamiento cotidiano de la institución, ¿Nos vamos a voto electrónico?, ¿Quién pone las máquinas? No tenemos presupuesto ni los elementos tecnológicos necesarios, pero sí tenemos la más firme voluntad de que se realicen las elecciones.
Las elecciones son necesarias, sí.
Diría incluso que son urgentes, pero no podemos ser ingenuos frente a lo que ellas significan.
No podemos pensar simplemente en el instante de nuestro voto o en el anuncio del ganador, entre la reflexión y la ejecución hay una gran distancia en tiempos y costos, quienes digan lo contrario están actuando desde la ignorancia o desde el populismo, debemos estar alerta.
El objetivo de todas las autoridades es dejar la universidad en buenas manos, cuidar su continuidad como una institución que vela y promueve el desarrollo de la nación desde la libertad del pensamiento, desde el desarrollo intelectual y espiritual de sus ciudadanos. (NE/CNP 18728/Prensa ULA)
