Ocho casos se cuantifican hasta el momento
Prensa
OVV Mérida
Carlos Alberto Bautista Niño había
amenazado de muerte en varias oportunidades a su ex mujer, María Betzaida
Cuevas Villareal. Ella lo había dejado por asuntos de infidelidad, pero él
nunca aceptó el abandono. El pasado 2 de agosto cumplió su promesa. La joven se
encontraba en una tienda de víveres en la población de Apartaderos, en el páramo
merideño, cuando Bautista Niño llegó y, sin mediar palabras, le disparó y huyó
del lugar ante la mirada atónita de los presentes. María Betzaida se convertía
así en la octava víctima de femicidio en lo que va de año en el estado Mérida.
Aun cuando el femicidio es la mayor expresión
de violencia contra la mujer, hay otras manifestaciones de agresiones que son
motivos de preocupación. No es casual que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) haya alertado recientemente que la violencia de género es un lastre
generalizado que las mujeres empiezan a sufrir a edades muy tempranas y que se
ha agudizado con los confinamientos debidos a la pandemia.
En los últimos años, y sobre todo
desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad, el equipo del Observatorio
Venezolano de Violencia en Mérida (OVV Mérida) ha detectado una propensión al
incremento de la violencia contra la mujer en la región. Esto queda en
evidencia al constatar que en 2019 se registraron 28 hechos de este tipo -según
información recabada de medios de comunicación regional-, mientras que en 2020
ese valor ascendió a 42. Entretanto, hasta el 12 de agosto, se han identificado
31, con una clara tendencia, a final de año, a superar el valor total
registrado del 2020. “En otras cifras, en Mérida, se están registrando en los
medios un promedio de 4 a 5 casos de delitos de violencia de género al mes. Es
probable que sean muchos más los hechos que hayan acontecido en el estado; esto
debido a que, en primer lugar, no necesariamente en los medios van a salir
reseñados todos los sucesos de este tipo, y segundo, porque muchas mujeres no
denuncian estos delitos”. Explicó el equipo del OVV Mérida.
Para los investigadores, aunque quizás
en menor medida que el año pasado, permanece el encierro de mujeres con sus
agresores y esto representa una amenaza. “La violencia que se instauró en los
hogares quizás persiste o se ha agravado en muchos de ellos donde ya desde hace
años existía. Continúan, además, muchas tensiones en los hogares, las cuales
tienen que ver con déficit de recursos económicos, de alimentos, servicios, por
objetivos y/o metas no alcanzadas, entre otras; lo que podría exacerbar esta
situación de violencia. Todo esto se pudo haber conjugado para ocasionar el
incremento de la violencia de género hacia las mujeres y en contra de niños,
niñas y adolescentes”. Reflexiona el grupo de investigadores.
Números
que no bajan
El pasado mes de marzo, en una
conferencia de prensa conjunta entre la OMS y la Organización de Naciones
Unidas (ONU) Mujeres, el director general del organismo de salud, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, recordó que la violencia contra la mujer está presente en
todas las culturas y subrayó su aumento durante la emergencia por Covid-19. En
la región andina venezolana, la realidad no es distinta. De acuerdo al
monitoreo de los medios regionales, en el primer semestre de 2021 se
registraron en la entidad 29 casos de violencia de género, todos relacionados
con actos violentos contra niñas y mujeres, 6 más que en el semestre
equivalente del año pasado. A los que se le suman luego 2 casos, uno ocurrido
en julio y otro durante la primera semana de agosto para un total de 31.
El monitoreo arrojó que, de esa
globalidad de casos, se logró conocer información sobre 26 víctimas en relación
a su edad. “Llama la atención que 30,8% eran niñas menores de 11 años al
momento de haberse consumado el delito. Le continúan las mujeres
adultas-jóvenes (25-29 años) con 23,1% y después las adolescentes (12-17 años)
con 19,2%, el grupo de las adultas (30-64 años) con 15,4% y el de las jóvenes
(18-24 años) que resultó ser el que mostró el menor valor con 11,5%”. Refleja
el informe.
La forma como se ejerce este tipo de
violencia en niñas y mujeres fue otro factor estudiado en el monitoreo. De los
31 casos identificados, el femicidio y las agresiones ocuparon con igual valor
(25,8%) el primer sitial. Hasta el 12 de agosto se habían registrado 8 hechos de
femicidio en los medios merideños, y vale decir, que en todo 2020 se
identificaron 5, lo que indica un aumento alarmante de este delito. En segundo
lugar, se ubicaron las violaciones sexuales (21,9%) y luego los actos lascivos
(15,6%), el acoso sexual (6,3%) y la amenaza de muerte (3,1%).
Algunas características de los
victimarios también fueron motivo de análisis. En este sentido se tiene que el 51,9%
de estos delitos fueron perpetrados por parejas o ex parejas de las víctimas,
entre tanto, un 22,2% lo consumaron conocidos y 14,8% individuos desconocidos. El
resto de casos registrados lo cometieron padres o padrastros, otro familiar o un
vecino; estas tres últimas categorías sumaron en total 11,1%.
Al visualizar la distribución espacial
de estos sucesos violentos, se encontró que la mayoría ocurrió en el municipio
Alberto Adriani (7) y en Libertador (4). Tovar (3) y Tulio Febres Cordero (3)
le siguen en segundo lugar, y después con 2 casos en cada uno se listan Campo
Elías, Obispo Ramos de Lora, Rivas Dávila, Sucre y Zea; y con un solo suceso Andrés
Bello, Cardenal Quintero, Pueblo Llano y Rangel, respectivamente.
Aclarando
cifras
Es oportuno destacar que algunos
medios de comunicación regional publicaron informaciones que daban cuenta de la
ocurrencia de 10 femicidios en la entidad hasta la primera semana de agosto,
con base en registros llevados por organizaciones de la sociedad civil. Sin
embargo, después de un análisis comparativo con los casos registrados por el
OVV Mérida, se llegó a la conclusión que dos de aquellos sucesos no se
corresponden con este tipo de delito, debido a que las circunstancias y pruebas
que se tienen en relación a estos hechos no permiten clasificarlos como
femicidios.
El primero de ellos aconteció en el
municipio Obispo Ramos de Lora, el pasado 6 de marzo, donde lamentablemente
falleció un sujeto, identificado en la nota de prensa como “travesti”. De
acuerdo a lo explicado por el equipo del OVV Mérida, con base en el seguimiento
a varias noticias que giraron en torno a este suceso, este hecho se trató de un
homicidio producto de agresión mortal a causa de un objeto punzo-penetrante.
“Según lo difundido, la víctima, por intentar evitar una posible agresión de un
hombre hacia una mujer en plena vía pública, recibió una herida mortal en el tórax
que le ocasionó la muerte, todo esto con base en investigaciones realizadas por
el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
Tal y como se narran los hechos, su fallecimiento en ningún momento representa
un ejemplo de un móvil basado en el género. En todo caso, si hubiese existido
esa motivación, el hecho debería clasificarse como travesticidio”. Explicó el
equipo del OVV Mérida.
El segundo hecho, se refiere a una
mujer que fue encontrada sin signos vitales en el municipio Alberto Adriani, el
mismo 6 de marzo. Se difundieron varias versiones sobre este caso. En principio,
los medios hablaron del hallazgo de un cadáver en estado de descomposición, con
signos de agresión física; posteriormente se habló del mismo caso, pero
agregando que se trataba de una persona de sexo masculino. Finalmente, como
tercera versión, la prensa habló del cadáver de una mujer entre 25 y 30 años,
cuya muerte el médico forense la atribuyó a una luxofractura en la cervical, producto,
presumiblemente, de una caída desde un sitio con cierta altura, ya que el
cuerpo no presentó evidencias de violencia. Debido a que toda esta información
es de carácter extraoficial y por la poca existencia de suficientes elementos
de juicio, el OVV Mérida considera que este hecho no se puede clasificar como
femicidio, sino como una muerte de intención no determinada o como un deceso en
averiguación, por parte del CICPC.
Datos
para la toma de conciencia
En la Convención Interamericana para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem
do Pará, 1994) se reconoció que la violencia de género es una manifestación de
las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. La
define textualmente en su artículo 1 como “cualquier acción o conducta basada
en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico
a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. Esta enunciación
abarca un amplio espectro de actos perjudiciales dirigidos hacia las mujeres y emplea
el término “basada en género” para subrayar que gran parte de esta violencia
tiene sus principios en un orden social que discrimina a las mujeres por el
hecho de ser mujeres y desvalora lo femenino, construyendo desigualdades
sociales entre hombres y mujeres.
Tal y como lo indican diversas
investigaciones, hablar de violencia de género es prácticamente hablar de
violencia contra la mujer, y en el caso venezolano, que no es la excepción, la
Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
establece que se refiere a un tipo de violencia que es dirigida hacia las
mujeres por ser consideradas, por sus agresores o victimarios, carentes de los
derechos fundamentales de libertad, respeto, capacidad de decisión y del
derecho a la vida.
Según Mariana Sánchez, médico
psiquiatra del Programa de Salud Mental y Adicciones de Corposalud Mérida, las
familias disfuncionales con un agresor dentro del hogar, que en su mayoría son
parejas, ex parejas u otro pariente consanguíneo, a lo que se le suma la crisis
y la pandemia; ha derivado en una pésima combinación que genera escenarios
propicios para la ocurrencia de hechos violentos.
Al agregarle la violencia sexual y
otras agresiones sexuales, Sánchez considera que existen algunos factores que podrían conjugarse en estas circunstancias.
Comentó que son actos violentos que, muy probablemente, ya venían sucediendo.
Sin embargo -dijo- el hecho que exista confinamiento, hace que el agresor esté más
en contacto con la víctima o víctimas. “Es decir, si la violencia o el abuso
ocurría de forma ocasional contra niñas y mujeres, éstas, antes de la pandemia,
estaban mucho más tiempo fuera del hogar, bien sea estudiando o trabajando,
igualmente los hombres también permanecían más tiempo fuera de casa en
diferentes actividades. En estos tiempos han existido más oportunidades para
que los hechos ocurran”, dijo.
Recordó, y de acuerdo a su experiencia
como psiquiatra, que en muchos casos los victimarios son familiares, pero
también vecinos, conocidos o desconocidos. “A mayor frecuencia de estos
delitos, la situación se hace más evidente y es probable que testigos (vecinos,
conocidos, familiares) o incluso las propias víctimas, denuncien los delitos”, Explicó
Sánchez que otros factores como la ansiedad y el estrés, podrían detonar más
impulsividad y agresividad en aquellos individuos que ya tenían una conducta
abusiva o violenta.
A todo lo anterior, la especialista adicionó
factores que inciden en el incremento de la violencia contra niñas y mujeres. La
existencia de familias disfuncionales con muchos problemas o padres que dejan a
sus hijos al cuidado de cualquier persona. “Algunos progenitores confían en
dejarlos con otros familiares como padrastros, madrastras, tíos, primos, pero,
en otros casos, con vecinos, y se van a trabajar. De igual manera el consumo
excesivo de alcohol y drogas ilícitas, agresividad entre padres y la presencia
en individuos de trastornos psiquiátricos (de personalidad impulsiva, disocial,
pedofilia, entre otros). Todo lo anterior podría combinarse con una mala
comunicación intrafamiliar, poca tolerancia y una economía familiar deprimida”.
A manera de conclusión, el equipo de
investigación del OVV Mérida señaló que es preocupante la tendencia del aumento
en los casos de violencia de género, por lo que es imperante tomar medidas para
minimizar los delitos asociados a este tipo de violencia que cada vez cobra más
víctimas. A la vez, alentó a quienes son víctimas de violencia de género a
denunciar ante los organismos competentes. ( CNP 6779)
