Prensa ODH-ULA.- La semana pasada el régimen de facto, a través
del Ministerio de Educación Universitaria que responde a sus intereses, entregó
tabletas electrónicas a profesores de la Universidad de Los Andes (ULA) en
Mérida. La entrega de los dispositivos constituyó un acto de proselitismo
político y la adjudicación de los mismos fue discriminatoria, ya que dejó por
fuera a los docentes con dedicación a tiempo convencional.
Los
referidos equipos fueron entregados en Núcleos y Facultades en actos presididos
por el rector de la Universidad Politécnica Territorial de Mérida Kléber
Ramírez (UPTM), Ángel Antúnez; el rector de la ULA no fue convocado. No
obstante, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
(ODH-ULA) hace énfasis en que esta entrega no es suficiente para garantizar la
educación a distancia durante la cuarentena ni exime la violación a las
condiciones mínimas del derecho al trabajo de los docentes, establecidas en el
artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 7
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que
Venezuela forma parte.
Las
personas tienen derecho “a condiciones equitativas y satisfactorias de
trabajo”, así como “a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le
asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana”,
establece la mencionada Declaración. En Venezuela, los profesores
universitarios, y todos los trabajadores de la administración pública en
general, no gozan de estos derechos. El salario mensual máximo al que puede
aspirar un docente universitario en Venezuela es, a la fecha, inferior a 7
dólares.
Igualmente,
el régimen de facto viola el derecho económico de toda persona a “un salario
equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna
especie”, consagrado en el citado Pacto Internacional.
Educación en casa no
depende solo de una tableta
Las
tabletas entregadas incluían una carta de agradecimiento a los profesores
universitarios, de parte de Nicolás Maduro y del Ministerio de Educación
Universitaria, donde se señala “el desarrollo exitoso del Plan Universidad en
Casa”. Este observatorio ha denunciado en reiteradas ocasiones la inexistencia
de condiciones mínimas para poder ejecutar dicho plan anunciado por el régimen
de facto a comienzos de la cuarentena nacional por la pandemia de la COVID-19.
Los
estudiantes universitarios no han sido dotados de equipos que les permitan
cursar estudios a distancia; ni siquiera han recibido el pago de sus becas
estudiantiles desde abril de 2019. Así mismo, el pésimo funcionamiento de los
servicios básicos como electricidad y telecomunicaciones, indispensables para
la educación en línea, perjudica el eficaz desarrollo de cursos virtuales.
“No contamos con la tecnología y herramientas
adecuadas para la adecuación de las carreras, además de las paupérrimas
condiciones salariales de los profesores y personal ATO, la asfixia
presupuestaria y el secuestro de nuestras reivindicaciones estudiantiles”,
tuiteó el pasado 14 de noviembre Joel Zerpa, presidente adjunto de la
Federación de Centros Universitarios de la ULA (FCU-ULA), a propósito de las
declaraciones del ministro César Trompiz, quien señalaba el día anterior que
gracias a la entrega de las referidas tabletas la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales (FACES) de la ULA reiniciaría actividades virtuales
ofertando 88 materias.
El
ODH-ULA denuncia, una vez más, que la Emergencia Humanitaria Compleja que vive
el país, causada por las malas políticas ejecutadas por el régimen de facto,
impide el cabal cumplimiento del derecho a la educación. Con un salario docente
que impide costear las necesidades básicas y sin servicios públicos que
funcionen adecuadamente es inviable cualquier plan de estudios universitarios
virtuales en Venezuela.
