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Bomberos Carlos Barón y Ricardo Prieto han sido
trasladados al Circuito judicial Mérida
foto cortesía @Uladdhh
Cortesía. información del Pitazo.com
Un
video que se hizo viral en las redes sociales el jueves 13 de septiembre sería
la causa por la que Carlos Barón y Ricardo Pietro, funcionarios del cuerpo de
bomberos de la estación número 8 de Apartaderos, estado Mérida, habrían sido
detenidos y trasladados en un primer momento a la sede regional de la Dirección
General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Actualmente,
se encuentran en la sede del Circuito Judicial Penal de la entidad, a la espera
de una audiencia diferida para el próximo domingo.
La
grabación audiovisual muestra el recorrido de un burro por las instalaciones de
dicha estación bomberil, mientras una voz masculina señala que se trata de “una
visita de inspección del presidente Nicolás Maduro Moros”, donde además
llevaría “dotaciones que él viene ofreciendo a la estación del cuerpo de
bomberos del estado Mérida”.
En
el video intervienen otras voces que indican la falta de recursos e insumos,
así como el precario estado de las instalaciones y los equipos de esa estación
de bomberos.
El
gobernador del estado, Ramón Guevara, se pronunció al respecto a través de la
cuenta de Twitter de la gobernación, para exigir “respeto a los derechos
humanos y al debido proceso” de estos funcionarios.
Los
bomberos serían procesados por delitos de instigación al odio. El Observatorio
de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) se ha pronunciado
sobre el caso a través de Twitter, indicando que estarían “violándose los
supuestos de la flagrancia, y del principio de legalidad” a estos bomberos.
El
ODH-ULA también rechazó que la detención hubiese sido realizada por
funcionarios de contrainteligencia militar, ente que conoce de delitos
militares.
Barón
y Prieto permanecen detenidos en la sede del Circuito Judicial Penal del estado
Mérida, a la espera de una audiencia el domingo 16 de septiembre. El caso será
llevado por el juez del Tribunal de Control N° 2 y se presume que los
funcionarios bomberiles serán procesados por delitos consagrados en la Ley
Constitucional contra el odio.
