** Estableció
la entrega del Acuerdo a cada uno de los Alcaldes y Alcaldesas, a entes gubernamentales nacionales, regionales,
municipales civiles y militares **
Nelson
Dugarte
Este 10 de septiembre la Comisión Delegada del parlamento legislativo regional merideño, aprobó un “Acuerdo” respaldando contundentemente el Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad anunciado por el Primer Mandatario Nacional, Nicolás Maduro Moros.
En tal sentido, la titular del CLEBM legisladora Niloha
Delgado, indicó que, a pesar del
receso legislativo, los legisladores integrantes
de la Comisión Delegada,
consideraron oportuno pronunciarse en apoyo a dicho programa, el cual –según sus palabras- tiene como
finalidad garantizar los
beneficios sociales de la población, protegiendo el acceso a los derechos universales como la alimentación, la salud,
la vivienda, la educación, la
seguridad social y las libertades políticas”.
Subrayó la presidenta del CLEBM que mediante el Acuerdo
elaborado, “los legisladores y legisladoras que conformamos este
Parlamento, junto a nuestros equipos
de trabajo y el Poder Popular, velaremos por la correcta aplicación del Programa de Recuperación
Económica, Crecimiento y
Prosperidad anunciado por nuestro Presidente obrero, Nicolás Maduro Moros, con especial atención a la
protección del salario de nuestros
trabajadores y trabajadoras el cual se encuentra anclado a la
Criptomoneda Petro”.
Finalmente
la titular del CLEBM puntualizó que en el citado
Acuerdo se exhorta a los Alcaldes
y Alcaldesas de los 23 municipios de la entidad, “en ejercicio de sus competencias y
obligaciones legales de acuerdo a
lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente y especialmente conforme a las competencias que les
otorga la Ley Orgánica del Poder
Público Municipal y el Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad; a que supervisen,
fiscalicen, sancionen y velen por
el estricto cumplimiento de la Ley en materia de Mercado Municipales, y en todos los comercios de su
territorio, la insalubridad,
especulación, usura, acaparamiento”, entre otros, y – en caso de caso de
determinarse responsabilidades penales y administrativas– “proceder a la revisión exhaustiva de los contratos
de arrendamientos, concesiones, autorizaciones,
comodatos, propiedad o
cualquier otra figura legal por la cual se entregó el uso de los locales y espacios comerciales en mercados municipales”
y, así, realizar “su revocatoria
administrativa, siendo que el objeto del mismo debe ser para actividades
licitas”.
