Once personas fallecieron y más
de 1.200 resultaron lesionadas
***Toda persona que pasa a ocupar cargos de la administración pública
debe investigar y denunciar las actividades violatorias a las leyes venezolanas
en el lapso de 90 días continuos, de lo contrario, pasaría a ser cómplice
silente y agravaría la ya deteriorada situación en derechos humanos.
Prensa Promedehum
Este martes 8 de mayo, la ONG
Promedehum (Promoción Educación y Defensa en Derechos Humanos) en la ciudad de
Mérida emitió un comunicado denominado “Un año sin justica”, el cual, expresa la preocupación de la
inexistencia de una investigación transparente sobre los hechos acaecidos
durante 2017 en las protestas antigubernamentales.
El pronunciamiento público exige que se
establezcan las responsabilidades en cuanto a las violaciones a los
derechos humanos sucedidas y recordó, que el silencio de las autoridades regionales
electas ante los graves sucesos en la gestión anterior, se podría considerar de
alguna manera un acto de complicidad, pese a que, las personas al ocupar cargos de
administración pública tienen noventa
días para realizar las denuncias respectivas de todo aquello que
consideren violatorio de las leyes venezolanas.
La ONG, registró más de 1200
personas heridas entre las que destacan varias
de gravedad, asimismo, diez ciudadanos
perdieron la vida mientras exigían sus derechos en las calles de la
entidad andina, en febrero de 2018 se sumó la undécima víctima fatal, Anyelo
Quintero, como consecuencia de las lesiones sufridas el año anterior.
A un año de los eventos
consumados en la región, Promedehum
exige sanciones a los
responsables, para que las víctimas puedan acceder a la justicia y reciban las reparaciones respectivas como lo
dictamina la ley. El comunicado
subrayó que las violaciones a los
derechos humanos no son un simple hecho, mucho menos un evento que termina
luego de una agresión, ya que, mientras
no se ejecute la justicia se conforma en una violación a los derechos humanos
continua y prolongada.
“Pedimos a las autoridades regionales electas la
investigación oportuna, veraz y transparente tanto de los sucesos acaecidos
como de la actuación de las fuerzas de seguridad y de grupos irregulares, para
determinar su responsabilidad así como su debida sanción en cumplimiento de lo
establecido por el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela (CRBV), ya que se trata de eventos que a todas luces pueden ser
calificados delitos de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles”.
