El concejal del municipio Libertador de Mérida por el Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV), Jesús Araque, informó que acudirá a la ciudad de
Caracas para reunirse con las autoridades de la Oficina Nacional de Presupuesto
(Onapre) y así constatar que hay irregularidades y presuntos hechos de
corrupción en la gestión de Carlos García frente a la Alcaldía de Libertador.
Indicó el edil que esta audiencia se solicitó para el 28 de enero con la
finalidad de verificar la situación real de la nómina de la Alcaldía del
municipio Libertador, ya que en reiteradas ocasiones su gerencia ha informado
que los recursos enviados desde el Gobierno nacional no alcanzan para cancelar
los compromisos laborales a sus empleados y a los de sus institutos autónomos.
“La respuesta preliminar de la Onapre es que la nómina que se maneja
desde Caracas es de 700 trabajadores, pero según la Alcaldía de Libertador
son 1.500 trabajadores; es decir, tenemos 800 trabajadores de más. Por
eso queremos cotejar si la nómina está sobregirada”, indicó.
Trabajadores
son los únicos afectados
Araque dijo que indagarán para saber qué tan real es la versión del
alcalde Carlos García y adónde van los recursos para el pago de salarios e
incrementos. Asimismo, agregó que el sector Educación de la municipalidad está
exigiendo que les sean canceladas las deudas en su totalidad, al igual que la
Policía Municipal de Libertador.
El concejal del PSUV sostuvo que también solicitarán a los responsables
del Consejo Federal de Gobierno (CFG) que investiguen el destino de los
recursos para cada una de las obras asignadas a la gerencia municipal. “En
diciembre llegó un crédito adicional por 360 millones de bolívares aprobado por
la Cámara Municipal, y se desconoce dónde están las obras”, puntualizó.
Situación
con el aseo urbano
Por su parte, Araque
se comprometió a investigar la situación que se presenta actualmente en el
municipio Libertador de Mérida con las empresas contratadas por la
municipalidad para recolectar los desechos sólidos en camiones, por lo cual
destacó que hace días el gobernador del Estado Bolivariano de Mérida, Alexis
Ramírez, también formuló públicamente una denuncia y, además, exigió que se
cancele la deuda de 40 millones de bolívares que se tiene con la empresa Andes
por las labores de recolección de desechos.
